La sentencia del Supremo es firme y falla contra la inactividad reglamentaria de la Administración
El Tribunal Supremo ha fallado en favor de Unión de Uniones en el recurso contencioso administrativo iniciado contra el Gobierno en noviembre de 2021 por no haber desarrollado un contrato eléctrico de doble tarifa para regadío en el plazo previsto en la norma.
El fallo condena a la Administración, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), a que en el plazo de seis meses elabore, apruebe y promulgue la norma reglamentaria que debe regular una modalidad de contrato de acceso para regadío, que contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Además, impone las costas a la Administración demandada.
Doble tarifa para riego incluida en los Presupuestos Generales 2021
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, incluyó una Disposición final cuadragésima quinta sobre adecuación de los costes del suministro eléctrico agrario que obligaba al Gobierno a establecer reglamentariamente, antes de 6 meses, una modalidad de contrato de acceso para regadío con la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para dicha actividad. Esa medida se incluyó en la ley a raíz de una propuesta de enmienda presentada a los Grupos Parlamentarios por Unión de Uniones que, finalmente, encontró una mayoría suficiente de apoyo.
Finalizado en junio de 2021 el plazo previsto y no habiendo sido desarrollado el contrato por el Gobierno, la organización requirió por escrito al MITECO, competente en el tema, el cumplimiento de la Ley y transcurrido el período suficiente sin haber recibido ninguna respuesta del Ministerio, Unión de Uniones interpuso el correspondiente contencioso-administrativo que, ahora, ha sido fallado a favor de la organización.
En la sentencia el Tribunal Supremo, considera, entre otras argumentaciones, que no presuponer la diligencia de la Administración para completar los procesos de ejecución legal sería otorgar al Ejecutivo un derecho de veto sobre aquellas leyes que dependieran de un desarrollo reglamentario y que esto constitucionalmente sería inadmisible.
Satisfacción de Unión de Uniones
Unión de Uniones se felicita por la Sentencia del Supremo “porque va a proporcionar un medio para que los agricultores pueden reducir de forma importante su factura de la electricidad de una manera permanente”. La organización lamenta, sin embargo, que la tozudez del Ministerio de Transición Ecológica haya impedido que los regantes se puedan haber beneficiado de la medida durante estos años de subidas de costes: “agricultores y ganaderos no tenemos nada que agradecerle a la Ministra para la Transición Ecológica, que es un Ministerio que parece tener una especial ojeriza contra nosotros”, señalan desde la organización, que pide al MITECO que cumpla cuanto antes la sentencia.
