Transición Ecológica y Agricultura han dejado de poner en marcha varios mandatos legislativos de interés para el sector agrario
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos critica la resistencia del Gobierno a cumplir con algunos de los mandatos de las Cortes para poner en marcha medidas de interés para los agricultores y ganaderos que están recogidas en las leyes. La organización ha emprendido acciones legales contra la inactividad del Ministerio de Agricultura (MAPA) o el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en estos casos, alguno de los cuales, como en el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, ya cuenta con sentencia contraria a la Administración.
La organización agraria le ganó al MITECO el recurso por no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para regadío, tal y como disponía la Ley 11/2020. En este contexto, el sindicato afirma que si no cumplen en el plazo que les ha dado el Supremo, solicitará la ejecución de sentencia y que los responsables del incumplimiento se atengan a lo que dicte el Tribunal.
Unión de Uniones, entre otros asuntos, ha presentado también contencioso administrativo contra el Ministerio de Agricultura por no desarrollar la Ley de Representatividad Agraria e impedir la consulta electoral estatal que daría el voto a los agricultores y ganaderos a elegir a sus representantes, algo vital en democracia y que no se está cumpliendo por dejadez del Ministerio. “Nos dicen que es complejo”, comentan desde el sindicato.
Ley de la Cadena y macroinstalaciones energéticas
Asimismo, según Unión de Uniones, hay retraso en la publicación de los criterios que deben servir para la determinación de los costes de producción de los productos agrarios y alimentarios de la ley de la Cadena Alimentaria, fundamental para que los agricultores y ganaderos cuenten con referencias para calcular sus costes y negociar sus precios.
Otro tema que se le ha atragantado al MITECO es la Ley 30/2022, que contemplaba también la obligación del Gobierno de poner en marcha una zonificación agroambiental para proteger los suelos de especial interés agrario de la competencia de las macroinstalaciones energéticas, antes del 3 de abril de 2023 y en octubre sigue sin hacerse.
Finalmente, en la misma ley, el MAPA quedaba comprometido a incluir en el Plan Estratégico de la PAC el dinero necesario para compensar los costes adicionales que representa para las explotaciones agrarias la puesta en marcha del cuaderno digital y el resto de nuevos compromisos de la Reforma, un montante de unos 1.050 millones de euros que deberían distribuirse al sector en forma de ayudas complementarias a las actuales de la PAC y de lo que aún no se tienen noticias.
“No nos vamos a resignar a que el Ministro o Ministra de turno decida simplemente qué leyes cumple y cuáles no en función de su capricho o sus intereses políticos o ideológicos”, denuncian desde la organización, recordando que todas ellas mejorarían la situación de los agricultores y ganaderos.
