Según marca la Ley de la Cadena Alimentaria
Desde hoy es obligatorio que todas las operaciones de compraventa de alimentos entre los productores y los llamados ‘primeros compradores’ se inscriban en el Registro de Contratos Alimentarios, que gestiona la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
UPA ha aplaudido la entrada en vigor de esta norma, muy demandada y trabajada por la organización que, a su juicio, aportará “transparencia y garantías” a los agricultores y ganaderos de todos los sectores. Los contratos deben inscribirse en la web de AICA (aica.gob.es) y corresponde a la parte compradora la obligación de inscribirlos.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos asegura que esta nueva herramienta consolida la Ley y servirá para seguir rompiendo el “brutal desequilibrio” que sufren los agricultores y ganaderos a la hora de negociar con las empresas compradoras.
Seguir desarrollando la Ley de la Cadena
En esta legislatura se ha conseguido evolucionar la Ley de la Cadena para incluir todos los productos del anexo I del tratado de la Unión Europea, evitar la venta a pérdidas o la destrucción del valor de la cadena, se ha creado un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios, se han ampliado las prácticas desleales punibles y se han reforzado las sanciones y la publicidad de las mismas.
“Hitos muy importantes”, según UPA, que deben seguir desarrollándose en la próxima legislatura. “Es el momento de consolidar la Ley y de hacer que se cumpla en todos sus extremos”. Para ello es imprescindible, aseguran, que la AICA siga teniendo dotación y presupuesto suficiente para hacer cumplir la Ley.
También es imprescindible que el Observatorio de la Cadena elabore estudios de costes de producción para los principales sectores que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de firmar los contratos e indexar éstos a diferentes factores, entre ellos los costes medios de producción de un sector.
Por otro lado, UPA aspira a que en el sector primario se pueda establecer la negociación colectiva a la hora de cerrar los contratos de los productos perecederos. Una operación que debe realizarse en el marco de las interprofesionales, donde se representan los intereses de todas las partes. Allí se deben establecer las condiciones para poder llegar a negociar las condiciones mínimas que deberían recoger los contratos de compraventa.
