Establece la obligación de calcular la huella en la Administración
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el día 18 de febrero el Real Decreto por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Esta norma establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Este Real Decreto da continuidad al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del MITECO que lleva en funcionamiento desde el año 2014.
Mejora las características del anterior Registro de huella de Carbono
Se ha considerado oportuno ampliar su alcance para dar cabida a nuevas tipologías de proyectos de absorción y a las huellas de carbono de evento, introducir aclaraciones y requisitos adicionales que permitan mejorar su funcionamiento, y reforzar la coordinación con los registros equivalentes autonómicos.
Durante este tiempo, se ha constatado su contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, a incrementar las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio nacional y, por último, a cumplir los compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio climático.
En la actualidad, el Registro cuenta con 14.250 huellas de carbono inscritas, 23.348 hectáreas de superficie repoblada y ha reconocido compensaciones de huella de carbono correspondientes a 154.406 toneladas de CO2.
Posibilidad de compensar la huella
“Medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
El registro recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. A su vez, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono, mediante una serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional.
Obligación para empresas y Administración
Mediante la norma aprobada, además, se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono, del establecimiento de un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de su publicación para un conjunto de empresas, así como de todas las instituciones de la Administración general del Estado.
El RD establece obligaciones específicas para ciertas empresas en España en relación con la divulgación de información no financiera y diversidad; empresas que formulen cuentas consolidadas y. también, las sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y las que tengan la consideración de entidades de interés público o bien, cumplan la condición para ser considerada gran empresa.
Asimismo, según los requisitos establecidos en este real decreto, deberán calcular de manera anual la huella de carbono los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, y otras entidades del sector público administrativo estatal.
