El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en Consejo de Ministros el Informe sobre la Política de Regadío Sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que es una clara apuesta por la sostenibilidad a través de la modernización de los regadíos, y da una respuesta coherente a la reducción de la disponibilidad de agua y es necesaria para asegurar la autonomía alimentaria.
Con una inversión público-privada de más de 1.250 millones de euros en el PRTR entre los años 2022 y 2027 en colaboración con 95 comunidades de regantes se van a modernizar 750.000 hectáreas para lograr una mayor eficiencia, aprovechar al máximo cada gota de agua -se estima que se producirá un ahorro del 10 % en el consumo de agua- reducir el consumo energético y el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios.
El ministro ha destacado que el Gobierno está comprometido en una clara apuesta por el regadío sostenible porque es clave para afrontar los retos del cambio climático en la agricultura y potenciar un modelo de producción de alimentos que de respuesta a las demandas de la población y contribuya así a la seguridad alimentaria.
En total, con las diferentes actuaciones incluidas la programación ordinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al margen del PRTR, la inversión del Gobierno en regadíos hasta 2027 ascenderá a 2.130 millones de euros, una inyección sin precedentes históricos.
En este sentido ha reiterado la importancia estratégica de la producción en regadíos, porque aunque apenas suponen el 23% de la superficie total cultivada (3,8 millones de hectáreas), en ellas se genera el 65% de la producción vegetal. El regadío multiplica por seis la productividad agrícola, genera una renta cuatro veces superior a los agricultores, y el triple de empleo que las demás producciones.
El plan para la modernización de regadíos implica, ha recalcado el ministro, una apuesta por la transformación digital del sector, y una mayor ambición ambiental con el uso de aguas no convencionales, ya sean desaladas o reutilizadas, y la incorporación en los sistemas de riegos de energías renovables.
Luis Planas ha insistido en que este plan nace de la previsión, al margen de los debates recurrentes en periodos de sequía sobre las disponibilidades de agua, y que con él el Gobierno pone sobre la mesa decisiones pensadas para dar respuesta a los retos de futuro como el cambio climático.
Doñana
Por otro lado, el ministro ha lamentado que, frente a esta forma de actuar, el proyecto de ley que tramita el Parlamento andaluz para legalizar regadíos en el entorno de Doñana que compromete el futuro de esta importantísima reserva natural y del propio sector productivo de los frutos rojos, porque se va a ver estigmatizado en los mercados internacionales, en los que se puede ver desprestigiado. En este sentido, ha recordado que las exportaciones de este sector suponen unos 1.500 millones de euros anuales, y que el 40% de las frutas y hortalizas que se consumen en Europa proceden de España.
Luis Planas ha señalado que la iniciativa es ilegal porque va en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que condenó a España en 2021, y además la administración autonómica andaluza se arroga una competencia en materia de gestión de agua que no tiene. El ministro ha lamentado que esta iniciativa legislativa genere expectativas que no se pueden satisfacer, porque distribuye un agua que no existe, por lo que resulta irresponsable. Planas ha recordado que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional una vez que el Parlamento andaluz haya aprobado el proyecto de ley.
